Jorge Elbaum cuestiona el accionar de la DAIA en el caso Memorándum con Irán
LA LUZ MALA DE LA DAIA
Por Jorge Elbaum
El presidente de la DAIA Jorge Knoblovits convocó a las instituciones asociadas de la entidad domiciliada en la calle Pasteur a una reunión consultiva, el próximo martes, para evaluar la posible apelación del fallo decidido el último 7 de octubre por parte del Tribunal Oral Federal 8 (TOF-8), que postuló la inexistencia de delito.
La conducción, debilitada por un dictamen que la describe como partícipe de una asociación jurídico-política orientada a perseguir inocentes, pretende camuflar su decisión futura detrás de un formato asambleísta al que no apelaron cuando resolvieron emprender la caza de brujas contra la actual Vicepresidenta y una decena de dirigentes y militantes populares.
La DAIA es una entidad de tercer grado en la que participan no más de 30 instituciones realmente existentes.
Sus asociados son clubes, escuelas y templos.
Sus dirigentes suelen repetir como un mantra (falaz) que agrupan a más de un centenar de organizaciones, pero sus integrantes son conscientes de que más de la mitad de las mismas carecen de existencia desde hace medio siglo.
El trabajo central de la DAIA consiste en exagerar una representación cada día más exigua, únicamente sostenida por la trifecta mediática, las corporaciones empresariales y los apoyos diplomáticos provenientes de Washington y Tel Aviv.
La reunión convocada para el martes próximo augura altercados, lamentos y pases de factura de diverso tenor.
La institución asociada que posee mayor peso dentro de la entidad que preside Knoblovits es la AMIA, la misma que viene insistiendo desde hace tres años en que la participación en la querella contra la actual Vicepresidenta es un despropósito.
Sus máximos referentes advierten que la DAIA ha derrapado en un lodazal ajeno a sus competencias estatutarias: no existe ninguna justificación, insisten, en participar de un conflicto político nacional extraño a la temática identitaria que originó la fundación de esa institución en 1935.
La interna entre dirigentes se desarrolla sin la más mínima participación de los socios de las respectivas instituciones.
Hasta la última semana se preveía una álgida contienda entre los seguidores de Waldo Wolff –actual diputado cambiemita y máximo referente de los inquisidores que buscan recurrir el fallo– y quienes exigen no darle continuidad al proceso mediante su apelación ante la Cámara de Casación.
La ofensiva de los cambiemitas se hizo visible el último jueves, cuando integrantes de la Coalición Cívica presionaron a la DAIA para que continúe el despropósito jurídico.
Los dirigentes de la AMIA –junto a otras organizaciones ligadas a las entidades ortodoxas– acusaron a Wolff de condicionar el debate del próximo martes “metiendo por la ventana” a dirigentes partidarios (no comunitarios) más interesados en la contienda política nacional que en tramitar las problemáticas comunitarias estipuladas en la misión institucional estatutaria de ambas entidades.
Según un importante referente de quienes impulsan el fin de la inquisición, Wolff y sus socios fundamentalistas se encuentran operando una campaña mediática –financiada por la trifecta comunicacional corporativa– destinada a condicionar el debate del martes y lograr que la DAIA continúe estrellándose contra las evidencias de un proceso judicial viciado desde su presentación, por parte de Natalio Alberto Nisman, en enero de 2015.
El presidente de la DAIA Jorge Knoblovits se dispone a participar de la reunión del martes sin posición pública tomada.
Según sus allegados, busca hacer control de daños para evitar que lo responsabilicen de cualquier decisión futura.
El ex coordinador del área deportiva del club Hacoaj –ascendió a la DAIA junto con el arquero Wolff– afirma, a quien desee escucharlo, que “quiere escuchar la posición de las instituciones”, subterfugio para evadir su histórica posición de apoyo a la querella.
Sus críticos le recuerdan que la imputación a CFK se inició en la gestión de la cual fue secretario general –junto a la vicepresidencia de Wolff, entre 2012 y 2015– y que en los comienzos del camino inquisitorial no convocó en ningún momento a una reunión asamblearia para decidir el inicio del hostigamiento político, ni para acusar posteriormente al juez federal Daniel Rafecas por haber desestimado la insostenible denuncia de Nisman.
Knoblovits, titular de la lista única que competirá contra nadie en las próximas elecciones de noviembre, busca hacer equilibrio para despojarse de la responsabilidad de tomar una decisión en el marco de su Consejo Directivo.
Sin embargo, cualquier decisión que tome –asumen los observadores de la realidad de la DAIA– implicará una sangría y profundizará el deterioro institucional que se prolonga desde Rubén Beraja hasta la actualidad.
La encrucijada es compleja: si deciden abandonar la querella, se verán repudiados por sus accionistas cambiemitas más fanáticos.
Por el contrario, si toman la decisión de insistir, no podrán volver a reparar el vínculo con el gobierno nacional, cuya base sociopolítica es palmariamente kirchnerista.
Además, tanto el sistema político como una gran parte del conglomerado nacional y popular advirtieron la pluralidad intrínseca de la colectividad judeo-argentina, luego de la irrupción del Llamamiento Argentino Judío.
Esta última organización –nacida en 2015– asumió un rol significativo durante los alegatos promovidos por el TOF 8, al constituirse en amicus curiae del tribunal, exhibiendo un posicionamiento claramente antagónico al evidenciado por la DAIA.
Otro de las cuestiones que prologa el debate del martes se relaciona con las posibles consecuencias económicas que puede enfrentar la insistencia de la querella, tanto para la institución como para sus dirigentes convertidos en responsables y garantes solidarios.
Por un lado, admiten sus letrados, se incrementa la posibilidad de que los once imputados puedan recurrir ante la Cámara de Casación con relación a las costas.
Varios integrantes del Consejo Directivo, que comprometieron su presencia para el martes venidero, advierten sobre la posibilidad de que se produzca ese escenario, dada la insistencia irracional en el sostenimiento de una causa destinada al archivo.
Si persisten en la estrafalaria acusación ante la Cámara Federal de Casación Penal, además, temen ser desahuciados por la AMIA que –entre otras cosas– es responsable de hospedar en forma gratuita a la DAIA en el edificio de Pasteur.
En varias oportunidades, durante las últimas cuatro décadas, los locatarios amenazaron a sus inquilinos de potenciales desalojos o de exigirles algún pago por los dos pisos ocupados.
La facturación de Knoblovits –dejan trascender sus socios políticos– es provista exclusivamente por auspiciantes cambiemitas.
Dichos montos, aducen, parecieran no ser suficientes para arrendar o adquirir una propiedad a futuro.
Si desiste o si apela, la DAIA se enfrenta a un futuro equivalente: el deterioro institucional profundizado con el abandono de su original misión institucional, estipulada estatutariamente en la lucha contra la discriminación y la judeofobia.
Un segundo aspecto, en este caso advertido por los apoderados jurídicos, se relaciona con las consecuencias civiles del proceso, ya que varios de los once imputados estarían habilitados para denunciar por daño moral a sus perseguidores, por el explícito armado de causas montadas sobre la base de complicidades políticas, mediáticas, diplomáticas y judiciales.
Los argumentos para esas consecuencias incluyen algunos de los antecedentes postulados en el fallo del TOF 8:
El viernes 24 de junio de 2016, Mauricio Macri se comprometió ante la DAIA a reabrir la causa.
Dos días después, el lunes 26, el Presidente se reunió con el juez Mariano Borinsky y le solicitó dicha reapertura.
A partir de ese momento el secretario general de la DAIA, Santiago Kaplun –socio del concuñado de Borinsky– se avino a ser asesorado por el camarista de Casación, con el objetivo de que se admitieran los (flojos) poderes de la DAIA, de modo de poder constituirse en querellantes.
La reapertura de la causa –el 29 de diciembre de 2016– vulneró la garantía del juez imparcial, dado que dos de los camaristas que la habilitaron se tendrían que haber excusado, tal cual lo habían hecho en causas análogas vinculadas al atentado de 1994.
Borinsky, además, fue acusado por el fiscal Marcelo Colombo por un posible incumplimiento de sus deberes como funcionario público al asesorar a quien se desempeñaba como secretario general de la DAIA, Santiago Kaplun, con el objetivo de garantizar la reapertura de la causa.
@Jorge_Elbaum ✒ "Persisten en la estrafalaria acusación ante la Cámara Federal de Casación Penal, además, temen ser desahuciados por la AMIA que –entre otras cosas– es responsable de hospedar en forma gratuita a la DAIA en el edificio de Pasteur." pic.twitter.com/RAHDTkXAYy
— TINTA JUSTA (@TintaJusta) October 20, 2021